Es de conocimiento popular en México que el sistema judicial está viciado, podrido –por no usar palabras más fuertes–; todos saben que está mal, pero ¿qué hacer para cambiarlo? Mientras no me afecte, ¿a mí qué me importa?
Pocas veces podemos observar un fenómeno como Presunto Culpable (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, 2008) en las taquillas mexicanas, sus componentes tanto fílmicos como políticos, provocan un coctel interesante, el cual no debemos perder de vista. Esto no es un filme con Eugenio Derbez a la cabeza.
Presunto Culpable narra la historia de Antonio Zúñiga, un vendedor de software pirata que un día es capturado por agentes judiciales y acusado de un asesinato que no cometió, para después ser condenado por un juez sin prueba alguna a 20 años de prisión.
Antes de su presentación, y el escándalo, en la cartelera mexicana, el documental ya había hecho bastante ruido coleccionando premios alrededor del mundo: Mejor Película de Derechos Humanos en el Festival Internacional de Cine de Dubai 2010; Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; Premio del público en el Verzio Film Festival, Budapest 2010; Premio al Mejor Largometraje Documental en One World Media, Londres 2010; Premio del Público por Mejor Largometraje Internacional en Los Angeles Film Festival, 2010; Premio de Amnistía Internacional del Copenhagen International Documentary Film Festival, 2009 y el Premio por Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Mexico 2009, entre muchos otros.
Tratar de separar el elemento político que envuelve al trabajo de Roberto Hernández, Layda Negrete (productora) y Geoffrey Smith y asegurar que se trata de una simple denuncia ciudadana, sería como decir que El Triunfo de la Voluntad (Leni Rifenstahl, 1935) no es sobre el surgimiento del nazismo en Alemania sino sobre un tipo al que le agradaba dar discursos.
En el contexto político mexicano la película viene a insertarse dentro de una discusión sobre la implementación de nuevos procedimientos judiciales en el país. Dicha discusión había ocupado espacios importantes de debate en periódicos y programas especializados, pero el grueso de la población no se encontraba interesado en el tema. Es hasta que la película alcanza notoriedad en espacios noticiosos de diversa índole que se convierte en un tema coyuntural, gracias a una supuesta suspensión de su proyección –hasta el momento de escribir estas líneas la orden administrativa que dictaría la suspensión del filme no había llegado a las oficinas de los productores–, que su utilización como recurso político se hace evidente. El cine al servicio de la política.
Pero es gracias a su buena manufactura cinematográfica que el largometraje puede ser utilizado para esos fines. Como mero producto fílmico el documental tiene aspectos excelentemente bien utilizados. Hay en esta historia arquetipos muy reconocibles para cualquier mexicano, ya sea de la vida real o del mundo de las telenovelas –sí, de las telenovelas–, por ejemplo.
Tenemos un inocente, Toño, que es acusado por una bola de judiciales, con cara de ser unos hijos de puta, de ser autor de un asesinato; la damisela en apuros, la novia/esposa de nuestro protagonista que tiene que dar a luz lejos de su amado; está el caballero de reluciente armadura, Rafael Heredia, el abogado que no cobra ni un peso con tal de ver a Toño libre; así podríamos ir analizando a cada una de las personas que se ven involucradas en el documental y descubrir que todos los personajes bien podrían existir dentro de cualquier telegrama nacional.
Asistimos a una puesta en escena digna de Alfred Hitchcock: el inocente apresado, los malos que continuamente hacen gestos y sólo es necesario que el encuadre capture esos gestos para provocar en los asistentes asco, repulsión y odio, para que al final al igual que en todo el trabajo Hitchcock el inocente sea liberado.
Como bien dice el crítico de cine Gustavo García: durante años los cineastas mexicanos han tratado de encontrar la historia que haga temblar de terror al público nacional, no hay necesidad de inventar anécdotas cuando la realidad de nuestro país siempre superará a la ficción.
Hay que reconocer el talento de Roberto Hernández y el documentalista Smith, quien se vio involucrado únicamente en el montaje final, para capturar la atención de los espectadores, la gente ríe, llora –de coraje, como yo–, se estremece y logra una identificación con Toño que sólo el cine podría lograr.
Quizá sin este documento cinematográfico, no periodístico –ya que falla en cuanto a rigor informativo, nunca se nos dice qué pasó con el muertito y su familia–, no se podría llevar a cabo el debate sobre la reforma judicial que tanto urge al país. Si a algo obliga el documental después de su apreciación es a tomar postura sobre el tema, no importa si es a favor o en contra. El verdadero problema sería desatendernos del problema y pensar que la impartición de justicia es un tema meramente político o que la podredumbre e inmundicia del sistema jurídico mexicano tiene como único germen a la clase política.
Inducir eso sería ingenuo, la criminalidad e impunidad comienza en todos los estratos sociales, desde pasarse un semáforo en rojo, tirar basura en la calle, hasta fraudes de millones de pesos con dinero público. No nos desentendamos, obviar eso sería hacernos pendejos.1 Dosier: Ante las puertas de la ley http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099190v
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la problemática en el sistema jurídico mexicano se origina de la grave corrupción existente y de la elaboración de leyes para resolver conflictos políticos, sociales, económicos o jurídicos de manera mediática. Estas leyes más haya de facilitar los procedimientos legales y el entendimiento del derecho, sólo crea más lagunas y contradicciones que en muchas ocasiones hasta inconstitucionales son. Leyes que necesitan reformarse desde hace años no se han abrogado o derogado pero en méxico hay infinidad de leyes, códigos, reglamentos que regulan todo pero no términa por ser un sistema eficaz, sino todo lo contrario, lento, confuso y costoso. En méxico el derecho protege, procura y defiende al que tiene el dinero. La imparcialidad es un concepto muy relativo, el sistema jurídico es una puta y como tal un mal necesario jajaja